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Los órganos de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH y la CorteIDH, pidieron a los países miembros que aprueben duplicar su financiación en la Asamblea General de Cancún (México), que se celebrará entre el 19 y el 21 de junio.

Se trata de la misma propuesta que plantearon en octubre del año pasado, sin éxito, para que el presupuesto anual del sistema de derechos humanos sea de 18,2 millones de dólares anuales, alrededor de 11,2 para la Comisión y 6,9 para la Corte.

Lo que buscan es que los dos órganos tengan fondos suficientes y estables, es decir, que puedan cubrir todos sus gastos anuales con la contribución anual de los Estados miembros y no depender de las contribuciones voluntarias de países externos, según explicaron ambos órganos en un comunicado conjunto.

“En la actualidad, la Comisión y la Corte dependen excesivamente de donaciones y contribuciones financieras voluntarias, que por su propia naturaleza son variables e impredecibles”, indicaron.

Actualmente, el reparto de fondos es de 4,9 millones para la CIDH y 2,6 para la Corte, el 6 % y el 3 % del fondo regular de la OEA, respectivamente, aunque ambas sobreviven gracias a las aportaciones voluntarias, y por tanto inciertas, que recaban entre países de dentro y fuera del sistema y varias entidades.

La nueva propuesta busca que “sean los propios Estados Miembros de la OEA los principales financiadores de los órganos del sistema” para que puedan cumplir su mandato de proteger los derechos humanos en la región con “plena autonomía e independencia”.

“La Comisión y la Corte esperan que los Estados miembros de la OEA apoyen la propuesta conjunta en forma unánime y que sea aprobada en la Asamblea General que tendrá lugar este mes de junio en México. De esta manera, se pondría fin a la incertidumbre financiera con la que trabajan ambos órganos”, señala la nota.

La CIDH y la CorteIDH pactaron esta propuesta conjunta, pero no fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 31 de octubre de 2016, donde se adoptó el presupuesto para el año 2017.

En su lugar, se aprobó una cláusula de emergencia para garantizar el funcionamiento de actividades esenciales este año y el seguimiento de la búsqueda de una solución permanente para 2018, que iba a ser decidida en México.

Ese octubre, la CIDH había dado por superada la peor crisis financiera de su historia, pero pidió que se aumentara su presupuesto anual para evitar una situación similar el próximo año.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó entonces la propuesta conjunta de los dos órganos, al indicar que permitiría que ambos celebraran más sesiones, la creación de la Relatoría Especial para los Derechos Económicos y Sociales y, además, llevaría a incrementar el número de casos resueltos por la Comisión, con sede en Washington, y la Corte, con sede en San José (Costa Rica).

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