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La Corte Suprema confirmó que el sacerdote de origen irlandés John O’Reilly deberá ser expulsado de Chile el próximo año, una vez que cumpla la pena de cuatro años de presidio, bajo el beneficio de libertad vigilada, por el delito de abuso sexual reiterado contra una menor de edad.

Según fuentes judiciales, la tercera sala del máximo tribunal, en fallo unánime, rechazó el requerimiento de protección que había presentado el religioso en contra de la decisión del Ministerio del Interior, anulando así la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había admitido dicho recurso.

El caso de O’Reilly, perteneciente a la congregación de Los Legionarios de Cristo, es uno de los tantos por abusos sexuales que ha sacudido en los últimos años a la Iglesia católica chilena.

El sacerdote, condenado el 11 de noviembre de 2014 a cuatro años y un día de libertad vigilada, está inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos o trabajos que tengan relación con menores.

De acuerdo a la resolución del máximo tribunal durante esta jornada, no existe un actuar arbitrario de parte del Ministerio del Interior al decretar la expulsión del país del sacerdote, a quien el Congreso -6 de enero de 2015- le quitó la nacionalidad por gracia que se le había concedido.

La controversia radicaba en que, antes de obtener la nacionalidad por gracia, el sacerdote, en su calidad de extranjero, contaba con la autorización de permanencia definitiva en Chile

No obstante, el fallo de la Corte Suprema indica que, al otorgársele la nacionalidad por gracia, “el permiso de permanencia definitiva quedó sin efecto” y que, una vez que se le quitó la nacionalidad y volvió a ser un ciudadano extranjero este permiso de permanencia definitiva no “revivió”, puntualizó.

Según la acusación del Ministerio Público, que acogió la corte, el religioso, aprovechándose de su condición de guía espiritual del Colegio Cumbres, en Santiago, sustraía constantemente del salón de clases a una de las niñas para cometer los abusos entre los años 2007 y 2012.

La otra acusación referida a la hermana mayor de la primera niña fue desestimada por el tribunal.

En su oportunidad, el Arzobispado de Santiago se puso en contacto con los familiares de la víctima y con la congregación “para manifestarles nuestra pena y dolor inmenso por lo vivido, para asegurarles nuestra compañía en la oración y que seguimos trabajando con firmeza y perseverancia para que estos hechos no se repitan”.

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